Por: Jorge Inga O.
“A veces, los
economistas cuentan mejores historias que los novelistas (como) la que refiere
Hernando de Soto en El Otro Sendero”; palabras recogidas de
Mario Vargas Llosa al prologar en agosto de 1986 esta obra basada en datos y
experiencias de la realidad peruana, que hunde sus raíces en la actualidad y se
proyecta al futuro a partir de la economía informal.
Hernando realiza un exhaustivo
estudio de nuestra economía informal, negra, escondida o marginal, describiendo
la magnitud y complejidad de las actividades económicas fuera de la ley,
interpretando las causas de la miseria e injusticia social y su incapacidad
productiva de los países tercermundistas, desbaratando mitos seudo verdades científicas
en países pobres.
Para Hernando, encarar la economía
informal constituidos por empresarios o vendedores clandestinos sin registro,
sin pagar impuestos, ilegales que compiten deslealmente con las empresas y
tiendas que sí pagan puntualmente sus impuestos, privando al Estado de recursos
necesarios; es totalmente erróneo, porque en nuestro país el problema no es la economía
informal, sino el mismo Estado, su incapacidad para satisfacer las necesidades
y aspiraciones de los pobres, pues, la legalidad en Perú es un privilegio al
que solo se accede mediante el poder económico y político y, a partir de ahí nace
la economía informal.
En nuestro país, para
reconocer jurídicamente un Taller de Confecciones, sin pagar ningún soborno
tiene una demora de 289 días de gestiones con una dedicación casi exclusiva a
ese trámite, y un costo de $1,231. = Dólares USA, que significa 32 veces el
sueldo mínimo vital, lo cual esta fuera de las posibilidades de una persona de
recursos modestos, como es un informal en sus inicios en Perú. La adjudicación de un terreno eriazo para
urbanizarlo y construir, tiene una demora de tramite de seis años y once meses
ante Ministerios y Municipalidades y desembolsar, por persona, aproximadamente
$2,156. = Dólares, equivalente a 56 veces el sueldo mínimo vital de la fecha.
Es por ello que, cuando los
pobres bajan a las ciudades, encuentran que el sistema legal les cierra el
ingreso, por ello hacen lo único que les queda a fin de sobrevivir inventándose
fuentes de trabajo al margen de la ley, sin capital y formación técnica, sin créditos
para operar bajo la protección de un seguro, ni apoyo judicial, policial y con
mucho riesgo en el Comercio, la Industria, la Vivienda y el Transporte, cuatro
campos donde no lo han hecho nada mal, pues, solo en Lima, el comercio informal
da trabajo a unas 439,000 personas, de los 331 mercados, el 83% 274 han sido
construidos por informales. En cuanto al transporte, el 95% esta en manos
informales. En cuanto a las viviendas, la mitad de la población de Lima habita
en casa construidas por los informales, 47 veces más que el Estado.
Según Hernando, nuestro país jamás
tuvo una economía de mercado y que solo ahora, gracias a la informalidad, la economía
de mercado comienza abrirse paso, lo cual es
aplicable a todo el tercer mundo, pues, el régimen que impero y que actualmente
sigue imperando es el mercantilista, frente a un Estado burocratizado y
reglamentarista que antepone el principio de la redistribución al
de la producción de la riqueza, entendiendo por redistribución la
concesión de privilegios y monopolios a pequeñas elites privadas que dependen
de él y de la que también es dependiente, pues, el Estado se confundió con el
Gobierno de turno y éste, liberal o conservador, actuó en el orden económico de
acuerdo al rígido patrón mercantilista, es decir legislando a favor de pequeños
grupos de presión y en contra de los intereses de las grandes mayorías a quienes
se les da migajas de la legalidad, concediéndoles a las empresas privilegiadas
el derecho a la riqueza.
El numero de leyes,
dispositivos con fuerza legal, decretos, resoluciones ministeriales,
reglamentos, etc., en un 99% son dictadas por el Ejecutivo, por los Ministerios
y reparticiones públicas, sin debate, interferencias, sin conocimiento de los
interesados y, solo un porcentaje ínfimo, el 1% de normas legales procede del
parlamento. Es por ello que, la informalidad es una réplica de las mayorías contra
este sistema que las ha hecho tradicionalmente
victimas de una suerte de apartheid económico y legal, porque el sistema
cierra el acceso a cosas tan elementales como tener trabajo y techo, por ello,
las mayorías renunciaron a la legalidad, saliendo a las calles a vender lo que podían,
montando talleres ilegales y viviendo en los cerros y arenales, aprendiendo
sobre la marcha lo mucho que no sabían, gracias a ello, no hay en Lima mas
ladrones y vagabundos, desocupados y hambrientos por las calles, porque sin la
informalidad seria peor.
Esta es la tesis que Hernando
de Soto defiende con argumentos sólidos, por acción espontanea de los pobres en
su lucha por sobrevivir, ella comienza a ganar terreno al haberse reunido con
líderes de más de 170 gremios de micro y pequeños empresarios, que significa
más de 10 millones de personas, para firmar un PACTO SOCIAL con
miras a una economía de mercado donde haya igualdad de oportunidades, pues, la
filosofía del pacto está basada en la defensa de la persona, en su derecho a la
vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de oportunidades.
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